El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión
Europea y los Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés) es un
ambicioso ajuste legislativo que se está negociando actualmente entre la
Comisión Europea (en nombre de los Estados miembros de la Unión
Europea) y el Gobierno de los Estados Unidos. Las normas que están
preparando afectarían a muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, avasallando los –ya de por sí
muy maltratados- derechos humanos universales. Dicho tratado no tendría
un carácter exclusivamente comercial, dado que los aranceles entre la UE
y los EEUU ya son generalmente muy bajos (menos del 5%), sino que tiene
que ver también y sobretodo con la desregulación, la "protección" de
la inversión y fortalecer la impunidad con la que las empresas violan
los derechos de las personas.
Los poderes políticos y económicos hegemónicos pretenden eliminar
"obstáculos burocráticos innecesarios" para facilitar el acceso a los
mercados a las grandes corporaciones de ambas orillas del Atlántico y
para ayudar al gran capital a incrementar sus beneficios económicos. Se
trataría de adaptar los estándares laborales, ambientales y de salud de
las personas a las necesidades corporativas.
Las negociaciones están teniendo lugar a puerta cerrada, a espaldas
de las mayorías sociales de la población.
Con una estrategia de comunicación muy elaborada, las instituciones
de la UE, la Casa Blanca y el gran capital, venden el TTIP como un
acuerdo que "creará millones de empleos y crecimiento". Sin embargo
según el estudio de la Fundación Austriaca de Investigación para el
Desarrollo (OFSE) para evaluar los supuestos beneficios económicos del
TTIP, las ganancias económicas serán limitadas mientras alberga
considerables riesgos sociales. Los sectores sociales más afectados en
la implementación de este acuerdo serían aquellos que se verían en
desventaja frente a la competición estadounidense, entre ellos el sector
agrario europeo, aún conformado por numerosas fincas familiares de
pequeño tamaño.
REBAJAR LOS ESTÁNDARES DE LA ALIMENTACIÓN
La "coherencia reguladora", también llamada "reconocimiento mutuo",
es la clave de este tratado. Estos términos aparentemente neutrales,
esconden consecuencias nefastas para la soberanía alimentaria. Los
negociadores del TTIP de ambos lados del atlántico pretenden que las
numerosas normas que regulan la agricultura y la alimentación sean
coherentes, es decir, iguales, o al menos equivalentes en Estados Unidos
y en la Unión Europea. Quieren que se reconozcan mutuamente, de manera
que si Estados Unidos da por bueno un producto o tecnología,
automáticamente la Unión Europea lo considere igual. Desde el comienzo
de las negociaciones del tratado trasatlántico se ha identificado este
afán por la coherencia de las normas como una grave amenaza para la
soberanía alimentaria, veremos porqué.
La producción industrial de alimentos está regulada por numerosas
normas y controles higiénicos y sanitarios para evitar la aparición y
proliferación de enfermedades o contaminación. Solemos considerar esta
serie de normas excesivamente gravosas o directamente innecesarias
cuando se trata de agricultura o ganadería campesina, a pequeña escala,
en procesos controlados por pocas manos. Sin embargo, esas normas son
imprescindibles para que la producción industrial de alimentos ofrezca
unas mínimas garantías de sanidad e higiene, ya que es en la producción
intensiva, con sus animales hacinados y sus monocultivos repetitivos
donde se dan la mayoría de las alertas sanitarias.
La manera en que en la Unión Europea se regula la producción de
alimentos es muy diferente de cómo lo hacen en Estados Unidos. Hay una
diferencia radical de enfoque, mientras en la UE la seguridad
alimentaria se practica "de la finca al plato" es decir, en todas las
fases de la producción, en Estados Unidos solo se revisa el producto
final. En la Unión Europea se aplica el principio de precaución, según
el cual que existan dudas acerca de los efectos en la salud o el medio
ambiente es suficiente para que las autoridades restrinjan o prohíban el
uso de un producto o tecnología; de este modo son las empresas las que
tienen la obligación de demostrar que un producto es inocuo antes de
ponerlo en el mercado y empezar su negocio. En Estados Unidos, justo al
contrario, son presuntamente inocentes todas las empresas y los
productos o sustancias que comercializan. La carga de la prueba cae
sobre el gobierno, que está obligado a demostrar el daño sobre la salud o
el medio ambiente para poder prohibir o restringir el uso de un
producto.
La diferencia de enfoque no es banal, influye directamente en lo que
podemos encontrar en la tienda o supermercado y en lo que dicen (o no
dicen) las etiquetas de los alimentos. Las normas sanitarias y
fitosanitarias europeas están lejos de ser perfectas y frecuentemente
denunciamos la falta de garantías o información para las personas
consumidoras, por ejemplo, en materia de transgénicos, presencia de
agrotóxicos o el origen de los alimentos. Sin embargo estas normas son
consideradas excesivas por la gran industria de la agricultura y la
alimentación, denuncian que "distorsionan el mercado", son "barreras
para el comercio" y, en resumen, limitan el acceso de las empresas
estadounidenses al codiciado mercado europeo. Los
poderosos lobbies de la agroindustria llevan meses trabajando en sus
demandas para los negociadores; el listado de normas y regulaciones que
quisieran flexibilizar es muy largo:
¿Comeremos pollos clorados y más transgénicos?
A la hora de
ofrecer algunos ejemplos de las consecuencias que supondría 'igualar
normativas' es inevitable empezar por los cultivos y alimentos
transgénicos, ya que han sido los protagonistas de las difusas
declaraciones en torno a las negociaciones del tratado desde que
empezaron. En la UE solo está permitido el cultivo de un transgénico (el
maíz MON 810 propiedad de Monsanto), aunque están presentes en la
cadena alimentaria más de 60 transgénicos, que no se cultivan, pero se
importan en grandes cantidades. En Estados Unidos se cultivan más de 150
transgénicos diferentes incluyendo soja, maíz, colza, algodón o caña de
azúcar. La falta de regulación de los transgénicos en Estados Unidos,
que ni siquiera tienen que ser evaluados antes de su comercialización,
se debe a que hace casi tres décadas se asumió el principio de
"equivalencia sustancial” entre las variedades transgénicas y
convencionales. Esta afirmación, sin base científica, pretenden que sea
asumida en la UE y que la ciudadanía se la trague, en sentido literal,
en forma de más transgénicos en nuestros campos y nuestros platos. El
etiquetado de los alimentos transgénicos en la UE trae de cabeza a la
industria biotecnológica, que presiona para que se suprima y que se
elaboren, en todo caso, programas de etiquetado de productos "no
transgénicos". Mientras, muchas organizaciones y personas peleamos en
Europa para tener un etiquetado más transparente y que en la carne, la
leche o los huevos se haga saber si proceden de animales alimentados con
transgénicos, ya que hoy por hoy la principal vía de entrada de
transgénicos en la cadena alimentaria es precisamente a través de los
piensos.
El uso de hormonas
y promotores de crecimiento en el ganado es también una clásica disputa
comercial. En la Unión Europea está prohibido su uso y también la
importación de productos animales tratados con estos productos, pero en
Estados Unidos es una práctica habitual. A las vacas se les proporciona
hormonas para que aumenten su producción de leche y al ganado vacuno y
porcino se le suministra una hormona en concreto, la ractopamina, para
impulsar el crecimiento en la última fase del engorde. La ractopamina
está prohibida no solo en la UE si no también en China, Tailandia y
otros países por sus efectos en la salud. Además del efecto directo de
provocar en humanos, al igual que en animales, la constricción de vasos
sanguíneos y taquicardia, la presencia de esta sustancia en la cadena
alimentaria disminuye la eficacia de medicamentos contra el asma.
La gran industria cárnica de Estados Unidos quiere también que la Unión Europea retire sus restricciones para la importación de pollo tratado con cloro: sumergir a los pollos en cloro al final del proceso de producción permite disimular cualquier contaminación que hayan sufrido y por ello no está autorizado en la UE. Con el uso de estas sustancias se refuerza un modelo agrario orientado al beneficio de las empresas en vez de a la producción de alimentos sanos para la población.
El TTIP podría también acelerar la autorización y establecer normas globales para otra serie de productos de dudosa seguridad y aún no regulados, como la carne clonada, los animales transgénicos, o el uso de nanotecnología en la alimentación.
La gran industria cárnica de Estados Unidos quiere también que la Unión Europea retire sus restricciones para la importación de pollo tratado con cloro: sumergir a los pollos en cloro al final del proceso de producción permite disimular cualquier contaminación que hayan sufrido y por ello no está autorizado en la UE. Con el uso de estas sustancias se refuerza un modelo agrario orientado al beneficio de las empresas en vez de a la producción de alimentos sanos para la población.
El TTIP podría también acelerar la autorización y establecer normas globales para otra serie de productos de dudosa seguridad y aún no regulados, como la carne clonada, los animales transgénicos, o el uso de nanotecnología en la alimentación.
UN NUEVO ATAQUE A LAS AGRICULTURAS CAMPESINAS
Además de las considerables rebajas que estas reformas supondrían
para nuestros estándares ambientales y de salud, la llegada de estos
productos, procedentes de los grandes negocios agrícolas y ganaderos del
otro lado del charco, supondría una competencia atroz para la
agricultura europea, con una dimensión mucho menor y que difícilmente
podría competir. Los campesinos y campesinas, las
pequeñas explotaciones familiares tanto europeas como estadounidenses,
se verán en serias dificultades para subsistir en estas condiciones.
Los avances hacia la Soberanía Alimentaria en Europa y en Estados
Unidos también están en discusión en estas negociaciones, como los
programas de compra pública local de alimentos. Hay numerosas
experiencias que demuestran que la inversión de dinero público en
abastecer de alimentos locales las escuelas, cárceles u hospitales tiene
unos beneficios muy valiosos para la comunidad, dinamizando la
economía, proporcionando nuevas formas de comercialización a las y los
agricultores y evitando a su vez los impactos ambientales del
desenfrenado e irracional transporte de alimentos. Las ventajas que
vemos desde lo local son consideradas “competencia desleal” a nivel
global, los grandes negocios de ambos lados del Atlántico aspiran a
poder participar sin cortapisas en el gran negocio de la compra pública.
Cada vez hay más noticias y voces que alarman de la homogeneización
de la dieta y los peligros que supone para la salud, la biodiversidad y
la resiliencia de nuestros sistemas agrarios. El TTIP se presenta como
un paso más en este proceso dirigido por las grandes empresas
alimentarias y que conduce a que todos los habitantes del planeta coman
lo mismo, aquello que genera los mayores beneficios a la industria,
independientemente de su clima, de sus gustos, de su cultura y
gastronomía. Están diseñando, a puerta cerrada, un futuro gris y
uniforme para el campo, negocian que el medio rural se convierta en una
gran industria de producción de materias primas, sin personas, sin
pueblos vivos, sin biodiversidad.
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