Después de una espera de meses y más de un borrador, el pasado viernes el Consejo de Ministros de Madrid aprobó la propuesta de Ley para la Racionalización de las Administraciones Locales. Nos encontramos una vez más ante una reforma de gran calado ideológico y que responde a las ansías de centralización, privatización y de acabar con los derechos de la ciudadanía por parte del gobierno de Madrid, así como a los intereses de los poderes económicos.
A pesar de que todavía no se ha socializado demasiado el contenido de la proposición de ley, lo que conocemos deja bien claro que vulnerará los derechos propios de los y las vascas. Se trata de una reforma que vulnera profundamente los derechos sociales de la ciudadanía. Asimismo, conllevará un cambio profundo en las estructuras de los ayuntamientos, concejos y cuadrillas; es decir, condicionará en gran medida el día a día de las instituciones más cercanas para la ciudadanía. Siguiendo los mandatos neoliberales que nos llegan de Europa, el gobierno central pretende eliminar de un plumazo las competencias de educación, sanidad y políticas sociales que ostentan los ayuntamientos y que son las que fortalecen su carácter social.
Como ya hiciera con otras reformas, el gobierno de Rajoy se ha buscado una excusa para consumar esta nueva barbaridad: la optimización de los recursos económicos y el ahorro. El PP ha querido desviar la atención a los sueldos de los alcaldes y liberados municipales, pero su verdadero objetivo es otro: situar todo el entramado institucional al servicio de los intereses de los que más tienen y a su vez centralizar todo el poder en Madrid.
Somos conscientes que hay que dar pasos y revisar los sueldos de alcaldes y liberados municipales. Desde Euskal Herria Bildu siempre hemos defendido que es necesario bajar los sueldos excesivos de algunos alcaldes y que hay que terminar con la excesiva "profesionalización" de la política municipal, porque los ayuntamientos no pueden convertirse en lugares donde poder enriquecerse y perpetuarse en el cargo. Pero la verdadera intención de esta ley no es esa. Por ejemplo, condicionará por completo a los municipios con menos de 20.000 habitantes. Los municipios de menos de 5.000 habitantes pueden ser intervenidos en cualquier momento y los sitúa al borde de la desaparición. Por último, las entidades locales supramunicipales desaparecen.
Esta nueva ley que nos pretende imponer Madrid por encima de las competencias que le corresponden a Hego Euskal Herria para organizar y estructurar su entramado institucional. Es cierto que la propuesta de ley cita esas competencias que corresponden a Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Nafarroa, pero la experiencia nos hace dudar muy seriamente sobre la verdadera voluntad de respetarlas.
Las entidades locales pasan a estar supeditadas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero sin tener en cuenta los escasos recursos que han dispuesto hasta ahora. Pero no solo eso.
Tampoco tiene en cuenta la excepción que la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria otorga a Nafarroa y a la CAV en su tercera disposición adicional por sus derechos adquiridos, es decir, por el Convenio Económico y por el Concierto Económico.
Todo ello deja entrever las limitaciones del marco actual para defender los derechos de nuestro pueblo y nuestra ciudadanía, así como la necesidad de dar pasos para la obtención de mayores cotas de soberanía y poder defender con mayor eficacia los derechos de las vascas y los vascos.
Siendo conscientes de ello, desde EH Bildu hemos presentado y defendido los últimos meses diversas iniciativas institucionales. Ante esta nueva imposición que pretende terminar con un modelo de hacer política a nivel municipal, consideramos que es necesario construir un muro popular configurado por partidos políticos, sindicatos, instituciones, agentes sociales y como no, ciudadanos y ciudadanas. Con ese objetivo, hemos venido manteniendo conversaciones al respecto con diferentes agentes. Hemos compartido nuestro diagnóstico y a pesar de que cada uno tiene sus especificidades, la conclusión principal es que tenemos que poner sobre la mesa todos los recursos políticos y sociales a nuestro alcance para hacer frente a esta imposición.
La mayoría de los ayuntamientos de Hego Euskal Herria, las juntas generales y los parlamentos de Iruñea y Gasteiz han solicitado paralizar esta ley. Se han aprobado diferentes mociones y declaraciones en ese sentido y con un claro objetivo: paralizar esta imposición y que sea respetada la voluntad de nuestras instituciones y nuestra sociedad.
El gobierno de Rajoy ya ha aprobado el denominado proyecto de Ley para la Racionalización de las Administraciones Locales. Los siguientes pasos los tendrá que dar en el Congreso y en el Senado. Pero teniendo en cuenta la mayoría absoluta con la que cuenta, el proceso durará pocos meses y el PP no tendrá problema alguno para sacar adelante su proyecto. Por ello, desde EH Bildu hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas y sindicales, a los agentes sociales y a las instituciones de Euskal Herria para trabajar de manera conjunta y responder así como pueblo a esta nueva imposición que nos llega desde Madrid. Es necesario detener este atropello y construir un entramado institucional que responda a nuestras necesidades, respetando y garantizando siempre los derechos de nuestro pueblo y de nuestra ciudadanía. Es necesario un acuerdo como pueblo lo más amplio y plural posible para poder construir Euskal Herria de abajo a arriba, junto con la ciudanía y basándonos en la justicia social.
A pesar de que todavía no se ha socializado demasiado el contenido de la proposición de ley, lo que conocemos deja bien claro que vulnerará los derechos propios de los y las vascas. Se trata de una reforma que vulnera profundamente los derechos sociales de la ciudadanía. Asimismo, conllevará un cambio profundo en las estructuras de los ayuntamientos, concejos y cuadrillas; es decir, condicionará en gran medida el día a día de las instituciones más cercanas para la ciudadanía. Siguiendo los mandatos neoliberales que nos llegan de Europa, el gobierno central pretende eliminar de un plumazo las competencias de educación, sanidad y políticas sociales que ostentan los ayuntamientos y que son las que fortalecen su carácter social.
Como ya hiciera con otras reformas, el gobierno de Rajoy se ha buscado una excusa para consumar esta nueva barbaridad: la optimización de los recursos económicos y el ahorro. El PP ha querido desviar la atención a los sueldos de los alcaldes y liberados municipales, pero su verdadero objetivo es otro: situar todo el entramado institucional al servicio de los intereses de los que más tienen y a su vez centralizar todo el poder en Madrid.
Somos conscientes que hay que dar pasos y revisar los sueldos de alcaldes y liberados municipales. Desde Euskal Herria Bildu siempre hemos defendido que es necesario bajar los sueldos excesivos de algunos alcaldes y que hay que terminar con la excesiva "profesionalización" de la política municipal, porque los ayuntamientos no pueden convertirse en lugares donde poder enriquecerse y perpetuarse en el cargo. Pero la verdadera intención de esta ley no es esa. Por ejemplo, condicionará por completo a los municipios con menos de 20.000 habitantes. Los municipios de menos de 5.000 habitantes pueden ser intervenidos en cualquier momento y los sitúa al borde de la desaparición. Por último, las entidades locales supramunicipales desaparecen.
Esta nueva ley que nos pretende imponer Madrid por encima de las competencias que le corresponden a Hego Euskal Herria para organizar y estructurar su entramado institucional. Es cierto que la propuesta de ley cita esas competencias que corresponden a Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Nafarroa, pero la experiencia nos hace dudar muy seriamente sobre la verdadera voluntad de respetarlas.
Las entidades locales pasan a estar supeditadas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero sin tener en cuenta los escasos recursos que han dispuesto hasta ahora. Pero no solo eso.
Tampoco tiene en cuenta la excepción que la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria otorga a Nafarroa y a la CAV en su tercera disposición adicional por sus derechos adquiridos, es decir, por el Convenio Económico y por el Concierto Económico.
Todo ello deja entrever las limitaciones del marco actual para defender los derechos de nuestro pueblo y nuestra ciudadanía, así como la necesidad de dar pasos para la obtención de mayores cotas de soberanía y poder defender con mayor eficacia los derechos de las vascas y los vascos.
Siendo conscientes de ello, desde EH Bildu hemos presentado y defendido los últimos meses diversas iniciativas institucionales. Ante esta nueva imposición que pretende terminar con un modelo de hacer política a nivel municipal, consideramos que es necesario construir un muro popular configurado por partidos políticos, sindicatos, instituciones, agentes sociales y como no, ciudadanos y ciudadanas. Con ese objetivo, hemos venido manteniendo conversaciones al respecto con diferentes agentes. Hemos compartido nuestro diagnóstico y a pesar de que cada uno tiene sus especificidades, la conclusión principal es que tenemos que poner sobre la mesa todos los recursos políticos y sociales a nuestro alcance para hacer frente a esta imposición.
La mayoría de los ayuntamientos de Hego Euskal Herria, las juntas generales y los parlamentos de Iruñea y Gasteiz han solicitado paralizar esta ley. Se han aprobado diferentes mociones y declaraciones en ese sentido y con un claro objetivo: paralizar esta imposición y que sea respetada la voluntad de nuestras instituciones y nuestra sociedad.
El gobierno de Rajoy ya ha aprobado el denominado proyecto de Ley para la Racionalización de las Administraciones Locales. Los siguientes pasos los tendrá que dar en el Congreso y en el Senado. Pero teniendo en cuenta la mayoría absoluta con la que cuenta, el proceso durará pocos meses y el PP no tendrá problema alguno para sacar adelante su proyecto. Por ello, desde EH Bildu hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas y sindicales, a los agentes sociales y a las instituciones de Euskal Herria para trabajar de manera conjunta y responder así como pueblo a esta nueva imposición que nos llega desde Madrid. Es necesario detener este atropello y construir un entramado institucional que responda a nuestras necesidades, respetando y garantizando siempre los derechos de nuestro pueblo y de nuestra ciudadanía. Es necesario un acuerdo como pueblo lo más amplio y plural posible para poder construir Euskal Herria de abajo a arriba, junto con la ciudanía y basándonos en la justicia social.
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